Costas manda parar Fertiberia por contaminar la marisma de Huelva

Costas manda parar Fertiberia por contaminar la marisma de Huelva

La planta de fertilizantes, de 370 empleados, llama imprudente al ministerio – En 40 años ha vertido al aire libre 70 millones de toneladas de residuos

 

Las balsas de fosfoyesos de Fertiberia junto a Huelva– GREENPEACE

RAFAEL MÉNDEZ – Madrid – 14/02/2009

Fertiberia, empresa propiedad del Grupo Villar Mir, ha colmado la paciencia del Ministerio de Medio Ambiente. Tras acumular unos 70 millones de toneladas de fosfoyesos (un residuo radiactivo de la producción de fertilizante) en la marisma del río Tinto, junto a Huelva capital, la dirección general de Costas ha enviado un escrito a la empresa para que paralice de inmediato el vertido, que se realiza en dominio público y en contra de una sentencia de la Audiencia Nacional y de ecologistas como Greenpeace y WWF España. En la práctica, lo que significa es el cierre de planta, cuyas balsas están a 500 metros de Huelva.

Pero su director, Roberto Ibáñez, afirmó ayer que no cumplirá esta resolución. "Pensamos que quien debe fallar es el Supremo". "Sería imprudente cerrar ahora porque esperamos que el Supremo nos dé la razón y entonces no podríamos hacer nada". El Alto Tribunal ya rechazó en enero pasado suspender cautelarmente la paralización.

"Dado que […] Fertiberia no ha presentado ningún plan de actuación que se ajuste a las condiciones" establecidas por el ministerio, Costas le impone "el cese definitivo de las actividades que desarrolla en dominio público marítimo-terrestre objeto de la concesión caducada, al carecer de título jurídico suficiente para ello". Ese parón deberá "materializarse mediante un sistema que permita una fácil e inmediata comprobación de la ausencia de actividad en la zona". Además, le da dos meses para que presente un plan de "regeneración ambiental" de los terrenos.

La dictadura franquista concedió en 1967 y 1968 dos permisos a Fertiberia para ocupar 720 hectáreas en la margen derecha del Río Tinto. Allí podía acumular los fosfoyesos, subproductos de la fabricación del ácido fosfórico que se usa como fertilizante. En noviembre de 2003, Medio Ambiente declaró que la concesión había caducado por incumplir las condiciones -en vez de apilar los tres metros de residuos que le permitía la concesión, la empresa acumulaba más de 20-. Fertiberia llevó el caso a los tribunales y en junio de 2007, la Audiencia Nacional dio la razón a Medio Ambiente. La empresa recurrió al Supremo y pidió suspender cautelarmente la ejecución de la sentencia. El alto tribunal lo desestimó en enero pasado.

Desde entonces, el Gobierno reclama a la empresa un plan para reducir progresivamente el vertido y de regeneración de la zona. Fertiberia comenzó a dar largas al plan de cierre. En los sucesivos escritos remitidos en 2008 a Costas siempre proponía aumentar la contaminación. En el último, fechado en septiembre, propuso la "supresión de forma brusca el 31 de diciembre de 2012", según le reprocha Costas.

Además, la firma "no ha constituido los avales requeridos para garantizar la ejecución de las obras de regeneración ambiental, así como las que sean necesarias para regenerar los terrenos donde se ubican las balsas", según el ministerio. La empresa sostuvo que el cese del vertido en 2012 "supone un importante quebranto económico" para Fertiberia y para Foret, una planta más pequeña que también vierte allí. Costas replica que "la justificación económica no puede considerarse suficiente" para no aplicar un plan más estricto.

Fertiberia tiene plantas de fertilizantes en Huelva, Palos de la Frontera, Puertollano, Sagunto y Avilés. La empresa tiene 1.056 empleados (370 de ellos en Huelva) y en 2007 vendió fertilizantes por 658,6 millones de euros.

La abogada de WWF España Rita Rodríguez destaca la relevancia de que Costas dé por zanjada la negociación e imponga la finalización del vertido y la obligación de establecer un plan de regeneración. Carlos Bravo, de Greenpeace, aplaudió la decisión del ministerio y criticó que la compañía pretenda ignorar esa resolución, que es completamente ejecutiva.

 

Un activista de Greenpeace mide la radiactividad en el río Tinto– EFE

Obligaciones legales

– La Ley de Responsabilidad Ambiental, de octubre de 2007, obliga a las empresas

a pagar por los perjuicios ambientales que causen

y a tener un seguro para responder por los daños. Más de un año después esta norma sigue sin desarrollo y no se ha aplicado.

– La empresa minera MSP ha explotado sin licencia durante 10 años una gran mina a cielo abierto en un espacio protegido de León. El pasado 30 de enero, el Tribunal Superior de Castilla y León criticó la connivencia de la comunidad autónoma y ordenó la clausura inmediata de la mina.

 

 

 

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