Caza ilegal: es necesaria una nueva regulación

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

Caza ilegal: es necesaria una nueva regulación

 

 

 

Foto Juan Sagardia.

 

 

16.01.09 –

 

JOSÉ RIOFRÍO AIZPURUA, NATURALISTA Y ORNITÓLOGO

 

El uno por ciento de los incendios forestales calcina el noventa y nueve por ciento de la superficie quemada. Esta cifra tan llamativa la leí hace muchos años en un informe sobre la gestión forestal en los estados del oeste de USA. No, no es que el resto de los incendios, esto es, la inmensa mayoría de ellos, no produzcan sus efectos funestos. Pero, dado que se tienen los medios para atajarlos a tiempo, son muy poco perceptibles sus consecuencias.

 

No es mi intención tratar ahora sobre la gestión forestal sino sobre la gestión de la caza en Gipuzkoa a la vista de los últimos acontecimientos que se han producido por la ola de frío siberiano que nos ha visitado la semana pasada.

 

Lo visto durante los días de nieve y frío intenso se parece mucho a lo comentado sobre los efectos de los incendios: durante unos pocos días se produce una situación excepcional que obliga a aves invernantes estacionadas en otros territorios a moverse y asentarse temporalmente en nuestra provincia y, despreciando olímpicamente las disposiciones legales en vigor, una buena parte del colectivo de cazadores transgrede la ley a sabiendas y procede a abatir toda ave que se pone al alcance de sus armas.

 

Es decir, la gestión de la caza que se lleva a cabo diariamente cuando las condiciones meteorológicas son normales, se ve seriamente cuestionada en el momento de las olas de frío intenso.

 

Así como los investigadores norteamericanos llegaron a la conclusión que de poco valía tener muchas pequeñas mangueras dispuestas por todo el país para atajar los pequeños incendios que se originan si no se tiene, al mismo tiempo, un dispositivo de mucha mayor envergadura para actuar con rapidez y contundencia en el lugar donde se origine ese incendio que va a arrasar una gran parte del bosque, aquí nos encontramos en una situación similar para poder atajar las situaciones cinegéticas que se producen cuando la nieve cubre el territorio.

 

Ya tenemos amplia experiencia en situaciones de este tipo. Durante las grandes nevadas del mes de enero de 1985 y de 1987, por ejemplo, la situación fue idéntica a la de la semana pasada. Han pasado más de veinte años desde esos hechos, la legislación se ha modificado pero, evidentemente, no lo suficiente.

 

Durante estos días en Gipuzkoa se han abatido una cantidad enorme de aves de modo ilegal, muchas más que en los tres meses que lleva abierta la veda. Aquí nos sigue pillando el gran incendio y nos calcina a todos los que desaprobamos la caza ilegal, con su asqueroso saldo de miles de aves muertas.

 

Aves que están protegidas por la ley. Siendo esto así, evidentemente, algo falla de raíz.

La gestión que se lleva a cabo desde la Diputación en materia de caza queda completamente desarbolada en los días que en el colectivo de cazadores toma cuerpo la idea que la ley es algo que sobra y que, realmente, son ellos lo que deben de gestionar la caza a su manera.

 

El problema no es que el cuerpo de guardas no actúa sino que no pueden abordar esa generalización de la ilegalidad por su enorme magnitud. Ni siquiera con la ayuda de otros cuerpos policiales, también sobrecargados de trabajo debido a las situaciones meteorológicas tan complicadas. Todo esto lleva a plantearse el por qué del conjunto de normas que regulan la caza actualmente: periodos de veda, leyes, reglamentos.

 

Alguna solución se debería arbitrar a tiempo para que el siguiente incendio -la próxima ola de frío- no nos sorprenda sin los medios para atajarlo. Dado el desarrollo de los hechos que se producen en los inviernos con temporales siberianos, propondría que la gestión de la caza en nuestra provincia se limitara a la época migratoria postnupcial, esto es, durante los meses otoñales. Así, el periodo hábil de caza menor quedaría comprendido entre la fecha en que se abre ahora la veda y mediados del mes de diciembre.

 

De esta manera se permite el ejercicio de la caza sobre poblaciones migratorias durante los meses en que se producen los mayores trasiegos de aves por nuestros cielos y, al dar por concluido el periodo de caza legal al final del otoño, se preserva la más que probable acción generalizada de gran número de cazadores durante esos periodos de grandes fríos, que históricamente tienen lugar durante los meses de enero y febrero.

 

 Actuando así, todos -y entre ellos quedan incluidos los cuerpos policiales- saben de antemano que toda actividad cinegética está prohibida a partir de una determinada fecha y se despejan las posibles dudas de actuación sobre en qué situación se encuentra la ley en unos momentos en los que es vital actuar con rapidez para impedir las mortandades de aves que ahora lamentamos.

 

En el plano legislativo queda una importante labor por hacer. Es evidente que la normativa actual no cubre aspectos básicos de la gestión de la caza. Las situaciones que se producen cuando aparecen las circunstancias que comentamos deben ser contempladas en la legislación de una manera específica porque ahora quedan en un vacío legal.

 

No son comparables los errores de caza cometidos de una manera aislada, quizá achacables a una extralimitación momentánea en alguno de los lances que se dan en la actividad -y para eso sí es válida la normativa actual-, a una auténtica explosión de ilegalidad por un gran número de cazadores desaprensivos que tienen como norma el obviar toda regulación para matar aves que están protegidas por la ley.

 

Estoy hablando de algo similar a la acción que desde hace unos años están llevando las autoridades en materia de gestión del tráfico rodado -endureciendo las sanciones- una vez que llegaron a la conclusión de que las normas que existían no eran suficientes para atajar los graves problemas que generaba la carretera. No es algo exclusivo de nuestro país. En otros países de la Unión Europea se lleva actuando en el mismo sentido y con resultados palmariamente mucho mejores que con la débil normativa anterior.

 

El incremento de las sanciones a quienes transgredan la ley de caza de una manera tan manifiesta con ocasión de contextos climatológicamente extremos también debería de llevarse a cabo para tratar de evitar las situaciones vividas recientemente. Creo que sería un síntoma de madurez de una sociedad que no puede quedarse pasmada ante hechos como los aquí comentados a la espera de un nuevo capítulo de esta ya larga serie de barbaridades.

 

 

 

 

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